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| 8/2/2018 12:01:00 AM

Hasta por acné trabajadores exigen reintegro tras ser despedidos

En los últimos tres años se han disparado los casos de personas que aducen cualquier enfermedad para no ser despedidos o ser reintegrados a su trabajo.

Juanetes. Esa fue la razón por la que una exempleada de la caja de compensación familiar, Comfacauca, logró ser reintegrada a su puesto de trabajo.

La trabajadora tenía un contrato a término fijo y, un mes antes de su vencimiento, la entidad le preavisó la decisión de no prorrogarlo. Esta persona interpuso una acción de tutela en contra de Comfacauca y un juez civil de Popayán ordenó su reintegro por tener dicha afección en los pies. La caja de compensación apeló dicha decisión y el juzgado en segunda instancia decidió confirmarla.

Este es solo uno de los casos que a diario llegan a los despachos judiciales del país y que hacen parte de lo que se conoce como fueros de salud o estabilidad reforzada, cuyo objetivo es garantizar el derecho al trabajo a quienes por su estado estén en condición de vulnerabilidad. Hoy solo el sector industrial registra entre 10% y 15% de personal que alega tener situaciones de estabilidad por enfermedad, reportan los expertos en derecho laboral.

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Además de enfermedades graves como el cáncer, parkinson o trombosis, sorprende que de un tiempo para acá los despachos judiciales se estén llenando de casos insólitos de tutelas laborales por casos de trabajadores afectados por asuntos como uña encarnada, estrés, acné, obesidad, túnel carpiano, artrosis, bursitis, conjuntivitis y hasta por gripa. Según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, después de los derechos de petición (36,9%), la salud (31,2%), es uno de los derechos más invocados en las acciones de tutela.

Vía rápida

Lo cierto es que los trabajadores acuden a la vía de la tutela porque es más rápida y, por lo regular, permite el reintegro del trabajador por cualquier tipo de enfermedad.

"En más de 80% de los casos, los jueces de tutela ordenan el reintegro. Esta es tal vez la mayor problemática laboral que afronta el país en este momento", comenta Saida Quintero, socia del bufete Quintero y Quintero, quien complementa que el reintegro se ordena por terminar el contrato de trabajo de una persona con cualquier situación de salud, sin contar con el permiso previo del Ministerio de Trabajo. "El problema es que el Mintrabajo no da los permisos", comenta.

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A ello se suma un aparente ‘choque de trenes‘ entre la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Según especialistas en la práctica, esta última instancia asume una posición proteccionista frente a las acciones de tutela que interpone el trabajador, mientras la primera condiciona este amparo.

En el caso de la Corte Constitucional, no es relevante el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sí lo es. Esto, en ‘plata blanca‘, significa que para esta instancia no toda discapacidad de un trabajador goza de protección a la estabilidad laboral.

Una bomba de tiempo

Si bien la entonces reconocida Ley Clopatofsky o 361 de 1997 (art. 26), surgió como mecanismo de protección a los trabajadores con algún tipo de discapacidad laboral, hay una visión clara de los representantes de los empleadores. "Esta ley se ha distorsionado por la interpretación equivocada que le ha dado la Corte Constitucional, al crear la llamada teoría de la debilidad manifiesta", afirma Quintero, quien explica que hoy ninguna persona enferma o incapacitada puede ser desvinculada de su trabajo.

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La gravedad de este asunto, que puede convertirse en una bomba de tiempo, es que termina afectando la productividad de las compañías, ya que deben atender recomendaciones médicas ambiguas y, a veces, atemporales. "Esto afecta directamente el crecimiento técnico y el desarrollo profesional de muchos de los trabajadores, quienes acuden a este tipo de figuras sin entender que pueden propiciar el no seguir ejerciendo actividades que les permitan tener un crecimiento en su carrera profesional", comenta Angélica Carrión, socia del bufete López y Asociados.

Quienes han estado del lado de los trabajadores creen que no pueden pagar justos por pecadores. "Hoy tenemos que superar la polarización y buscar escenarios que permitan respetar los derechos de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de las empresas y el crecimiento económico", afirma el exviceministro de Trabajo Enrique Borda.

Según el jurista, existen sectores económicos más vulnerables en los que las enfermedades profesionales son más altas, como en la agroindustria, la construcción y la minería.

El reto para el gobierno entrante es clave: lograr un punto medio entre la protección de los derechos laborales, pero también evitar el desangre de las empresas por cuenta de trabajadores ‘chupasangre‘.

¿Y los permisos del Mintrabajo?

La Corte Constitucional emitió una sentencia de unificación, la SU049 de 2017, en la que reitera que todos los trabajadores con problemas de salud están protegidos, sin importar el origen o el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y que la terminación de su contrato de trabajo será nula, a menos que se cuente con un permiso del Ministerio de Trabajo, que cada vez es más limitado, según juristas consultados. Esta sentencia hace extensiva la protección a personas que no solo tienen contrato laboral sino vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios o los aprendices, quienes están protegidos bajo el amparo de la debilidad manifiesta.

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A ello se suman las denuncias por la existencia de grupos de médicos que venden incapacidades y exámenes médicos para garantizar la estabilidad del trabajador.

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