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| 8/16/2018 12:01:00 AM

BID advierte envejecimiento y mayor gasto en países latinos

América Latina se enfrenta al envejecimiento de su población y los gobiernos deben asumir cada vez más gastos especialmente en salud, pensiones y programas de inclusión de los adultos mayores en la sociedad.

Al igual que en Europa, América Latina está experimentando un rápido envejecimiento de su población. Con una esperanza de vida cada vez más larga y nuevas generaciones menos numerosas, la región se ve enfrentada a reducidos ahorros pensionales, menor fuerza laboral y una restringida “oferta de servicios de cuidado para aliviar la exclusión social en la vejez”, como lo ha calificado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En efecto, un estudio del BID advierte que “el gasto en salud en países desarrollados y emergentes está creciendo significativamente más rápido que sus economías, poniendo en duda la sostenibilidad del gasto público en salud”.

El organismo multilateral proyecta que en los próximos años el gasto público podría triplicarse si se mantiene el ritmo actual de incremento solo en el segmento de salud, llevándolo desde 4,3% reportado en 2014 hasta cerca de 11% para 2065. Una razón más para buscar eficiencias en el gasto y en la prestación del servicio.

Y además de los problemas de financiamiento, los sistemas de salud de la región deben enfrentar otros problemas, como la implementación de tecnología para mejorar la atención, el incremento de diagnósticos de enfermedades crónicas y la meta de una cobertura de 100% de la población.

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Pero en la mayoría de países de la región, Colombia incluida, la cobertura del servicio de salud ya se acerca a la universalidad al unir el sistema público o subsidiado con el privado. En esas condiciones, los esfuerzos desde ya están encaminados a mejorar la calidad y oferta de los servicios como forma de incrementar el bienestar de los habitantes de cada país. Esto significa un incremento del gasto per cápita y no por ampliación del sistema.

Así las cosas, el BID destaca el riesgo que implica un incremento del gasto en salud y seguridad social que estaría entre 6,1% y 7% del PIB, dado el envejecimiento de la población hasta 2065, ya que eso dejaría un promedio regional en gasto para este rubro de entre 10,5% y 11,3% con la mitad de los países superando ampliamente dicho promedio. Es decir, incapacidad para sostener las necesidades de financiamiento.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria ya ha advertido que, tanto en Colombia como en el resto del mundo, la mayor amenaza para los sistemas de salud es su sostenibilidad financiera.

El caso Colombia

La bonanza petrolera le permitió al país alcanzar un gasto adicional de 1,4% del PIB entre 2011 y 2015 que permitió ampliar la cobertura desde 87% de 2010 hasta cerca de 97% para 2017, a la vez que los beneficios del régimen subsidiado se equipararon a aquellos del régimen contributivo.

Con un gasto para salud que se calcula en 0,95% del PIB para 2015, el BID proyecta que en 2045 el mismo habría alcanzado 3,22% y ya para 2065 sería de 4,65%, es decir, un incremento de 3,74 puntos porcentuales solo en los últimos 20 años.

La Comisión del Gasto y la Inversión Pública ya había advertido desde diciembre de 2017, cuando entregó su informe final, que solo el gasto público de salud incrementó desde 5,9% del PIB en 2005 hasta 7,2% para 2014, con una cobertura de 47,8 millones de colombianos.

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Por el contrario, el gasto privado en salud dejó de crecer desde 2007, año en el que llegó a cerca de 2% y empezó a reducirse para estabilizarse alrededor de 1,8% del PIB.

Según la misma comisión, para 2016 el sistema público de salud le debía $4,8 billones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS); $755.418 millones a las entidades territoriales, el Fosyga –hoy conocido como Adres– y otras organizaciones del Estado y $1,4 billones a otros deudores.

Y además de un déficit acumulado que ya se calcula en $7 billones, el país enfrenta la migración desde Venezuela que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, calificó como “mucho más grave” que cualquier otro fenómeno migratorio en el mundo y que, dada la filosofía de no discriminación de nuestro sistema de salud, representa un incremento en el gasto público del sector.

Carrasquilla señaló recientemente en una rueda de prensa que “tenemos que ser conscientes de que mientras hablamos se nos está subiendo el gasto en salud”.

Y para ajustar dicho gasto, el ministro de Hacienda propone que se revisen aspectos como quiénes están afiliados al régimen subsidiado de salud para garantizar que se beneficien realmente los colombianos más pobres y que de verdad necesitan el subsidio, en lugar de aquellos trabajadores informales que por su nivel de ingresos podrían pasar al régimen contributivo.

La revisión de la población beneficiaria tendrá también que venir acompañada de una revisión de gastos y pagos a los prestadores del servicio, algo que en parte hizo el exministro Gaviria en temas como la disminución de precios de medicamentos, tales como el Imatinib, que se usa para tratar ciertos tipos de leucemia.

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Las Unidades de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Gobierno paga a las EPS por cada uno de sus pacientes, también requieren un estudio, según Carrasquilla. Todas estas medidas podrían hacer eficiente el gasto en salud, como lo sugiere el Banco Interamericano de Desarrollo, y permitiría ampliar la cobertura para lograr por fin la universalidad del servicio en Colombia.

Aun así, el exministro Gaviria no duda en destacar que el sistema de salud colombiano es admirado en el mundo, incluso pese a la mala imagen que le acompaña dentro del territorio nacional desde hace 25 años, cuando se aprobó la tan mencionada Ley 100.

El ahorro

Durante el pasado gobierno, el Ministerio de Salud impulsó varias medidas para disminuir el gasto del sector, lo que además de ahorrarle recursos al país ha permitido limitar el crecimiento del déficit en salud. Políticas como los límites razonables en gasto para atención de un paciente y la responsabilidad del Estado en el mismo, la regulación de precios de medicamentos y la política de patentes sobre estos deberían unirse dentro de los próximos años a otras medidas como el mayor estímulo a la competencia, la revisión del pago por valor del servicio y las compras descentralizadas de bienes y servicios en el sector.

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EDICIÓN 562

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