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Opinión

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    Camilo Cuervo     | 2020/11/13 00:01

    Salario mínimo: incremento cero

    En los próximos días, la mesa de concertación laboral conformada por los gremios económicos, las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional, por mandato legal, iniciará las negociaciones para establecer el reajuste del salario mínimo y del auxilio de transporte de 2021.

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Desde que existe esa comisión de concertación, pocos han sido los acuerdos y sí, muchas las divergencias en lo que a fijar el indicador más importante de la economía colombiana respecta: establecer el monto del incremento del salario mínimo.

Sin querer, y de forma casi imperceptible, nuestra economía se ha empezado a caracterizar por contar con un sistema de fijación de precios “salarializado” desde hace varias décadas. Hoy, prácticamente toda la economía se mueve al vaivén del porcentaje en que, año tras año, se incrementa el salario mínimo.

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Si bien la economía consulta otros indicadores, tales como la variación en el índice de precios al consumidor (IPC) o el incremento de la unidad de valor tributario (UVT), es claro que los honorarios del sector de servicios, el mercado general de salarios, las pensiones y hasta las multas de tránsito dependen de las decisiones que se tomen en una mesa de concertación en la que rara vez se alcanza un acuerdo.

A pesar de su importante rol económico, esas reuniones se han convertido en una parodia que se repite sin fin, en la que los sindicatos llegan desunidos, con cifras desconectadas de la realidad del país, poco sustentadas y tratando de negociar el salario mínimo como si se tratara de una transacción en una plaza de mercado en la que se confía en pedir mucho, con la certeza de negociar y obtener muy poco.

Por su parte, los empresarios suelen presentarse en bloque, con posiciones muy herméticas, casi secretas, normalmente sustentadas, pero intencionalmente bajas para generar una disrupción en las cifras de los sindicatos y, de alguna manera, hacerle juego a la misma estrategia de los sindicatos, pero al contrario.

El Gobierno, con algo de angustia, por lo general se sienta a observar sin proponer mayor cosa; en la práctica, se convierte en una especie de buen componedor, como si la cifra no lo afectara, lo cual es ilógico, teniendo en cuenta que es el mayor responsable y quizá el más interesado en llegar a un acuerdo.

Tristemente, nos hemos acostumbrado a observar cómo durante dos meses se discuten cifras muy distantes, para que el Gobierno anuncie por decreto el porcentaje de ajuste, cuando la gente está concentrada en descansar, destapar los regalos navideños y celebrar la llegada del año nuevo; es decir, cuando casi nadie le presta atención al tema y el impacto “político” suele suavizarse.

Esa mesa de negociación generalmente fallida, ahora y como nunca, tiene una responsabilidad histórica de la que deben ser conscientes todos sus miembros, simplemente porque en sus manos se encuentran millones de empleos que se pueden preservar o perder, si no se actúa con base en la realidad económica actual, con prudencia, seriedad y sensatez.

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El incremento del salario mínimo es el peor enemigo del empleo y de la formalidad. En Colombia, el 85% de los trabajadores devenga menos de dos salarios mínimos legales mensuales y prácticamente la mitad de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y no alcanza a un salario mínimo legal mensual.

Los expertos indican que el incremento de un punto porcentual en el salario mínimo legal puede representar un aumento de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad y la pérdida definitiva de al menos 200.000 empleos. Muchos creen que el “exceso” en el incremento del salario mínimo durante 2018 y 2019 explica, en parte, el progresivo incremento en las tasas de desocupación que veníamos experimentando antes de que llegara la pandemia de la covid-19.

A septiembre de este año, fruto de la pandemia, el desempleo alcanzaba el 15,8% (aproximadamente un 6% más que el mismo mes del año pasado) y el futuro del mercado de trabajo ante una expansión creciente del virus no es muy alentador. A hoy, somos uno de los países más afectados en materia de empleo por la emergencia global y tenemos las peores cifras de empleabilidad entre los países que hacen parte de la Ocde.

Según las normas que regulan la fijación del salario mínimo, cuando no se alcanza un acuerdo en la mesa de concertación, el Gobierno nacional está obligado a considerar la inflación proyectada del próximo año y sumarla a la productividad experimentada durante el presente para determinar el incremento.

Considerando que la inflación de 2020 con seguridad estará por debajo del 2%, que la de 2021 podría rondar las mismas cifras y que la productividad evidentemente será negativa, no se entiende cómo podría pensarse en un incremento, así sea bajo, para el próximo año.

Ante ese sombrío panorama, la pregunta inevitable es: ¿por qué no pensar en un acuerdo nacional para preservar empleos?; ¿por qué no dejar a un lado los intereses políticos que suelen moverse en la mesa de concertación salarial?, ¿por qué no negociar con base en la cruda realidad que representa una pandemia? En este sentido, la más dura de las preguntas es: ¿por qué no considerar seriamente la posibilidad de no incrementar el salario mínimo, ni el auxilio de transporte para el año 2021?

Reconozco que no incrementar el salario mínimo es una propuesta impopular, que le puede costar mucho al ya debilitado gobierno Duque, pero, en estricto sentido económico, podría salvar muchos empleos y evitar la informalidad que se está disparando en las calles. Si fruto de una medida de esa naturaleza lográramos reducir las cifras de desempleo en algunos puntos y evitar el hambre de millones de familias, un esfuerzo de esa envergadura de parte de todos los actores estaría más que justificado.

Por ahora, los sindicatos han anunciado que se presentarán unidos a la mesa de concertación, como no lo habían hecho en muchos años; que presentarán una propuesta de incremento del 10%, y que están seguros de que su firme posición le inyectará recursos a la economía. Por su parte, los empresarios han guardado prudente silencio e indicado que debe existir incremento, pero muy mesurado. El Gobierno no ha dicho nada.

Pase lo que pase, tal como lo he sugerido en estas mismas páginas, la prioridad fundamental en materia económica del Gobierno Duque debe ser preservar empleos y recuperar los que se han perdido. No empeñarse a fondo en ese propósito, arriesgando mucho, puede ser, sin exagerar, trágico de una u otra forma para todos. Para evitarlo, la mesa de concertación laboral debe atender el necesario llamado al ingenio pues, como diría Albert Einstein: “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”.

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