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Opinión

  • | 2020/01/27 00:01

    La educación pública necesita del apoyo de los alcaldes y gobernadores

    De acuerdo con Martha Nussbaum sigue siendo un deber del Estado proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades para el desarrollo humano, tales como una educación integral, que ella considera esenciales para alcanzar una vida en libertad, donde se pueda elegir y actuar para conseguir objetivos y metas que permitan una vida digna.

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En Colombia el compromiso político y social con la educación pública sigue siendo débil, sin desconocer los notables avances en cobertura escolar, bienestar de los estudiantes y disminución de la deserción, durante los últimos veinte años. Es evidente, no hemos sido capaces de construir un sistema educativo que ayude a cerrar brechas, como las diferencias entre los costos de la canasta educativa que tiene la educación pública y la privada de buena calidad, y más grave, cuando se comparan los resultados de calidad que logran unos y otros en la educación básica y media y el posterior destino de los estudiantes; brechas que se agravan cuando se compara entre regiones o entre la educación rural y urbana.

Para solo mencionar el caso de Bogotá donde la matrícula en el sector privado representa el 40% del total de los estudiantes de la educación básica y media. En el año 2017 de 34.986 estudiantes que terminaron el grado once, en los colegios privados, el 60% ingresó en el año 2018 a la educación superior; esta cifra disminuye para quienes terminaron el bachillerato en los colegios oficiales, para los mismos años, egresaron 46.237 bachilleres y solo el 40% de ellos fue a la educación superior, con énfasis en el Sena. Estos datos demuestran que en la capital la condición de ser bachiller no ayuda a disminuir brechas entre los jóvenes; en el resto del país esta situación es más crítica.

Por fortuna, las grandes ciudades y los departamentos con mayor población estudiantil eligieron alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación; además, ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Santa Marta y otras cuentan con secretarios de educación y equipos directivos que conocen el sector, ellos tendrán cuatro años para ayudar a cerrar las brechas que promueve el sistema educativo, de manera especial el bajo acceso de los niños más pobres a la educación inicial, la exigencia de incrementar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público hasta la educación superior y el reto de cerrar las brechas de calidad.

Contar con alcaldes y gobernadores comprometidos con la educación por todo el país es un hecho nuevo y sin duda puede ser una oportunidad para millones de niños y adolescentes que asisten o están por fuera de la educación básica y media, niveles educativos donde los nuevos gobernantes son responsables de la gestión educativa e inciden de manera directa. De entrada, va a ser interesante observar su comportamiento frente a reformas acordadas por el gobierno nacional con Fecode, como el ajuste al Sistema General de Participaciones, fuente principal de los recursos para financiar la educación pública; hacen falta recursos, pero también se requieren acciones para mejorar las decisiones de gasto y los resultados. 

Lo anterior no soslaya la responsabilidad que tienen las entidades territoriales para destinar recursos propios para subsanar debilidades del sistema educativo oficial, por ejemplo, los programas de inclusión para estudiantes con discapacidades, o reconocer que en preescolar y en primaria los niños no reciben clases de inglés y luego cuando llegan a secundaria tienen solo 2 o 3 horas a la semana, en algunas ocasiones con docentes sin la preparación adecuada; resultado: el bilingüismo o el fortalecimiento de un segundo idioma es otra brecha que se genera entre los estudiantes la educación pública y la educación privada de buena calidad. 

Alcaldes, gobernadores y secretarios de educación deben ser conscientes de que el país requiere valorizar la educación pública; los colegios públicos no pueden ser referentes de mal clima escolar y de mala calidad, además de sitios con entornos inseguros y hasta ilegales (el microtráfico acecha las instituciones escolares en las grandes ciudades), donde algunos profesores son víctimas de amenazas, extorsiones y hasta de traslados obligatorios por seguridad. Los nuevos gobernantes tienen cuatro años para cambiar esta situación, los colegios oficiales deben ser bonitos, aseados, con accesos pavimentados y con infraestructuras seguras y diseñadas para el proceso educativo, donde no existan excusas para promover y desarrollar un ambiente educativo para la calidad, pero sobre todo deben contar con los maestros suficientes y en el aula; es increíble que por temas normativos y exigencias sin fin, para remplazar en un colegio a un maestro incapacitado, una secretaría se puede demorar hasta 3 meses o más en proveer el remplazo ¿y los niños qué? Bien gracias, sin maestro, rector defiéndase como pueda. Al final le caemos a los colegios y a la educación oficial por no producir los resultados esperados, por favor ¿cuánto daño causa que un niño esté un mes o más sin profesor? 

En este sentido, recomiendo que la gestión de las secretarías de educación se diseñe y se enfoque en apoyar a los colegios, en atender sus necesidades y en fortalecer sus prioridades de cambio e innovación, esta decisión debe producir mejores resultados que políticas de intervención hechas desde los despachos gubernamentales, sin ninguna consideración con la cultura institucional de los colegios y sus demandas.

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